La paz total del presidente Gustavo Petro tiene a 171 presos de la Primera Línea –señalados por delitos como homicidio y tortura– a punto de pasar Nochebuena fuera de la cárcel y al país en una dura controversia. El episodio más reciente de la polémica se desató este martes, porque el decreto que los cobija con la figura de “voceros” o “gestores de paz” establece que esa categoría se le puede dar a organizaciones sociales y/o comunitarias.

Y ahí surge la duda: ese grupo que se confirmó durante las protestas de 2021, que vandalizó y generó desmanes en varias regiones –y cuyos miembros son incluso imputados por terrorismo–, ¿es una organización social o comunitaria que debería ser casi que exculpada de los delitos por los que se le acusan?

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En la cirugía a la Ley de Orden Público que el presidente Petro pasó por el Congreso en noviembre se estableció que las organizaciones sociales sí pueden tener voceros o gestores que ayuden en los procesos de paz y de reconciliación, y con la expedición del polémico decreto 2422, del pasado 9 de diciembre, le abrió la puerta a la Primera Línea para que entre en esa categoría.

Es tal el ruido de esa determinación que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, salió a explicar en un largo hilo de Twitter que una comisión integrada por cuatro miembros del Gobierno será la encargada de verificar quiénes pueden ser beneficiarios de esa gabela. Pero advirtió –como lo estipulan el decreto y la ley–que la decisión final está en manos del Jefe de Estado.

“Recomendaremos que no se designe como voceras a personas condenadas. El gobierno acatará cualquier decisión judicial al respecto. Quisiera llamar la atención, eso sí, sobre la inconveniencia de una narrativa que estigmatiza y criminaliza la protesta social”, dijo el funcionario en uno de los trinos.

Esa fue una forma de intentar calmar la tormenta que se desató por el hecho de que un personaje como alias 19 –condenado por tortura y terrorismo– termine de vocero y gestor de paz, pero al hablar de “recomendaremos” no cerró la puerta a darle libertad transitoria. Y a esto último se oponen con fuerza el fiscal General, Francisco Barbosa, y la procuradora Margarita Cabello.

Sin embargo, Osuna habla de las excarcelaciones como una “autorregulación sensata” en la que la comisión creada por el Gobierno para ese fin revisará los casos de los reos, uno por uno, para determinar quiénes pueden tener el perdón social de Nochebuena creado por Petro.

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Pero la comunidad internacional no ve visos de sensatez en esa medida y 20 expresidentes ya enviaron una carta alertando sobre los riesgos de esas liberaciones.

Entre tanto, el presidente se reunirá este miércoles con el fiscal Francisco Barbosa para abordar ese tema. La cita está pactada para las 7 de la noche y se supo que Barbosa mantendrá la tesis de que “no se entiende la figura de gestores de paz” con la que el Ejecutivo está tramitando el boleto de libertad para la Primera Línea.

La Casa de Nariño ha sido enfática al asegurar que esa medida no significa ni un indulto ni una amnistía. Pero, de forma paralela, la bancada del Pacto Histórico en el Congreso tramita un proyecto para dar indulto a quienes fueron detenidos durante el paro de 2021.

El abogado penalista Augusto Ocampo –de la llamada Primera Línea Jurídica– aseguró que ciertas acusaciones contra los jóvenes fueron “infladas”. “Para los condenados se debe presumir, como la Constitución lo manda, la presunción de inocencia de estos muchachos que han sido judicializados”, reclamó Ocampo.

Pero otros sectores, como el de las senadoras del Centro Democrático Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, no se puede liberar a quienes con sus desmanes y bloqueos generaron pérdidas económicas que superan los 8 $billones.

¿La salida de prisión de Navidad significa un boleto a la impunidad? Ese es el otro interrogante que mueve a los detractores de la medida que está a días de ser ejecutada.

Por ahora, Petro directamente busca calmar las aguas entablando puentes con quienes se oponen a su decisión, como el fiscal Barbosa, pero hay inquietud por los verdaderos beneficiarios de esta medida.

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