El presidente Gustavo Petro aseguró en la mañana de este viernes que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se desplazará hasta San Vicente del Caguán, Caquetá, para atender la complicada situación de violencia, luego de enfrentamientos entre campesinos y miembros de la Fuerza Pública.

Según se conoció, 79 policías fueron retenidos por manifestantes en medio de confrontaciones por una incursión de la llamada guardia indígena en la vereda los Pozos, donde opera la empresa petrolera Emerald Energy.

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Además, en estos enfrentamientos murió el subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, de 39 años, y quien llevaba 14 años en la Institución. También se reportó el fallecimiento de Reynel Arévalo, un campesino de 60 años. 

"El Ministro de Defensa estará en San Vicente del Caguán, desde allá liderará el PMU. Insisto, la liberación unilateral de los policías y la protección de su integridad es primordial para el gobierno", dijo el Mandatario en su cuenta de Twitter.

Petro ya se había pronunciado sobre esta situación de violencia, pidiendo la liberación de los policías que permanecen retenidos después de las violentas protestas. 

"La Fiscalía debe investigar e individualizar a los criminales que provocaron las muertes en el Caquetá”, y acto seguido pidió al “campesinado nacional su colaboración para liberar los funcionarios retenidos”.

Además, solicitó el respaldo de la Cruz Roja, “para atender humanitariamente las personas retenidas”, y llamó la atención de quienes los tienen retenidos para que los “liberen unilateralmente”, antes de que se “propicie una nueva escalada de violencia”.

Petro adjudicó la situación que se está viviendo en el Caquetá, donde habrían 79 uniformados, a un movimiento que busca desestabilizar su Gobierno.

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“Tenemos un movimiento popular que por su exclusión y por el influjo de grupos que quieren destruir este gobierno y sumir a Colombia en la guerra, ha terminado asesinando un joven policía y un campesino, y propiciado la destrucción del primer gobierno progresista de este siglo”, aseguró.

Cabe recordar que, según denuncias de la Procuraduría, los campesinos estarían siendo presionados por disidencias de las Farc para mantener este bloqueo. Desde el pasado 18 de febrero, el Ministerio Público había enviado varias alertas a las autoridades ante la posibilidad de que las protestas desencadenaran hechos violentos.

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