23 organizaciones de derechos humanos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentar en terreno las denuncias de víctimas y el uso desproporcionado de la fuerza.

Esta petición fue formalizada a través de una carta enviada a la entidad, en la que también solicitaron la conformación de un Grupo Especial de Investigación sobre violaciones a derechos humanos y graves crímenes cometidos por la fuerza pública en entornos de protesta y manifestaciones sociales que abarquen los hechos de los últimos tres años.

Esto producto según la entidad de la: “indignación, el temor e impotencia que la violencia estatal ha generado y que no cesa y se ha ensañado contra sectores organizados y movilizados, la mayoría juveniles”.

En esta carta también muestran su preocupación frente al incremento del autoritarismo y la cooptación de los mecanismos de rendición de cuentas. Es decir según ellos que “Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría han evidenciado un comportamiento asimétrico y parcializado en la investigación de los hechos que alteran la protesta, enfocada en la investigación de denuncias de agentes estatales y omitiendo, al igual que en ocasiones anteriores, sus funciones en relación con las denuncias de agresiones a los manifestantes.”.

Frente a la actuación del Defensor del Pueblo dijeron que “ha incumplido sus obligaciones de acompañar el ejercicio de derechos en las marchas y sus funciones de garante de los derechos de la población”.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Colombia Diversa, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Comité de solidaridad con presos políticos (CSPP), entre otros.