Más de 200 familias de excombatientes de las Farc, entre los que se encuentran 86 mujeres y alrededor de 80 niños y niñas, que viven desde hace varios años en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez, en el departamento del Meta, tuvieron que huir de allí por amenazas de disidentes de las Farc.

Así lo denunció este miércoles el Consejo Nacional de Reincorporación del partido Comunes por medio de un comunicado, en el que dice que luego de varios años en los que estas personas construyeron familia, desarrollaron proyectos productivos, y edificaron sus viviendas, ahora tienen que abandonar su territorio.

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“Desde este espacio en el que construimos familia, fortalecimos lazos de hermandad con las comunidades y batallamos contra la inclemencia y la desidia de gobiernos que quisieron hacer trizas la paz, hoy con la zozobra de nuestra comunidad y con los hijos e hijas de la paz tomados de las manos y algunos en brazos, debemos salir con nuestra moral en alto y con un niño o niña que pregunta ¿por qué?”, denunció el Consejo Nacional de Reincorporación.

Entre los proyectos productivos que se perderán por cuenta de este desplazamiento estarían la transformación de caña panelera, turismo comunitario, venta de bienes y servicios, transformación del café y de sus cultivos derivados y dos de ganadería; así como la pérdida total de la infraestructura desarrollada en los seis años que lleva la implementación del Acuerdo Final de Paz.

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Ante este panorama le hicieron un llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, a la directora de la unidad para la implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, a la directora de Agencias para la reincorporación y normalización, Alejandra Miller, a la comunidad internacional, a la Comisión de Países Garantes y a la Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas, garantizar el derecho a la vida de los firmantes, y verificar las condiciones para alcanzar la paz total en los territorios.

“La paz total no existirá si los y las firmantes de paz somos violentados. Ese debe ser uno de los puntos innegociables con los grupos que están buscando hacer parte del proceso, nosotros y nosotras no tenemos armas, que no nos traten de igual a igual. Los tiempos cambiaron. ¡No más firmantes de paz asesinados! ¡No más firmantes de paz desplazados! ¡No más firmantes de paz desterrados! Que paren ya debería ser el mandato”, concluye el comunicado.

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