Cinco años después de que el entonces presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, firmaron el acuerdo de paz que ponía fin a más de cinco décadas de conflicto entre el Gobierno y la guerrilla más antigua del continente americano, la violencia sigue sin dejar de ser una realidad cotidiana en nuestro país.

Solo esta semana, fue asesinado un excombatiente de las Farc, Manuel Mena, que el pasado domingo 19 de septiembre fue baleado en el barrio El Futuro en Quibdó (Chocó), y cinco líderes sociales, María Nancy Ramírez Pulgarín, José Luis Taicus, Jovanny Javier García, Dilio Bailarín y David Aricapa, que murieron en diferentes hechos a lo largo del país.

Y así, semana a semana. De acuerdo con las cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2016 han sido víctimas de homicidio 500 líderes sociales, de los cuales 52 corresponden a 2021, y se han presentado 278 homicidios en contra de excombatientes, los cuales, según la Defensoría del Pueblo, se han reportado en 131 municipios de 23 departamentos.  

También se reportan, según Indepaz, 72 masacres en 2021 que han dejado como saldo 258 personas asesinadas especialmente en el departamento del Cauca, Antioquia y Valle del Cauca.

¿Por qué persiste la violencia pese a todos los esfuerzos que tanto este como el anterior Gobierno aseguran haber hecho para implementar el acuerdo? ¿Se trató de un acuerdo frágil, como lo manifestó el presidente Duque en la Asamblea General de la ONU o se quedaron cortos los esfuerzos por fortalecer la presencia estatal en los territorios dejados por las FARC? ¿Es un efecto inevitable de la evolución de las dinámicas del conflicto, como lo afirman algunos analistas o falló el acuerdo en no combatir de una manera más radical el narcotráfico?

Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en los últimos cinco años ha habido un cambio en las lógicas de la guerra. En 2021 mientras los enfrentamientos entre los grupos armados continuaron disminuyendo, los atentados contra los civiles aumentaron.

Esto porque los grupos armados están adoptando una forma de operar distinta, pues en algunos casos se ocultan entre la población, andan en contingentes pequeños y no en grandes estructuras.

Además al no contar con el control territorial ni el poder que tenían las Farc, algunos de ellos han recurrido a demostrar su capacidad en el endurecimiento de muchas formas de control, asesinatos selectivos, desplazamientos y amenazas contra líderes sociales.

Por ejemplo el Eln, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), tiene presencia en 150 municipios del país y actualmente ha “asumido una estrategia defensiva de preservación de áreas de influencia y de reproducción simple, sin objetivo de toma del poder por las armas y sus acciones visibles son atentados contra la infraestructura e instalaciones militares, sembrando minas antipersona y ocasionales emboscadas”.

Por su parte, las `Disidencias de las Farc´ al mando de alias `Gentil Duarte´ cuentan con nueve estructuras y aproximadamente 1.700 hombres armados que hacen presencia permanente en zonas de 45 municipios, pero incursionan en otros para disputar territorios o mantener rutas de movilidad.

Este grupo armado, según Indepaz, no despliega ofensivas en contra de las Fuerzas Militares y se limita a la defensa de territorios de alta influencia y de sus negocios ilícitos en minería y narcotráfico de los cuales depende su existencia.

Este cambio en la lógica de la guerra se da luego de un desescalamiento de la confrontación armada en 2014, la cual llegó a su punto mínimo con la firma del acuerdo en noviembre de 2016, la dejación de armas de las FARC, en mayo de 2017 y el repunte de la violencia desde 2018, ya no desde un orden nacional sino a partir de múltiples conflictos localizados, a raíz de la reconfiguración de varios grupos armados, quienes llegaron a pelearse los territorios que abandonaron las Farc.

Avance del proceso 

Este recrudecimiento de la violencia significa para Andrés Cajiao, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, que de ninguna manera se cumplieron las promesas de las garantías de seguridad del acuerdo de paz. “Esto, que era un punto transversal a los acuerdos de paz, no se logró, creo que estamos en un escenario bastante complejo para excombatientes y líderes sociales, por lo que el balance es negativo”.

Esto principalmente porque en estos lugares no se construyó Estado: “no se trata solo de mandar las instituciones, se requiere construir legitimidad, y eso fue lo que faltó, construir Estado”.

Agrega Cajiao que otro punto que se debe tener en cuenta es que a pesar de que las Fuerzas Militares tienen más capacidades que estos grupos, “existe una demora del estado frente al nuevo contexto, porque están desarrollando la misma estrategia que con las Farc y eso ya no necesariamente genera el debilitamiento de ese grupo, porque lo que puede pasar es una fragmentación o un nuevo mando”.

Por su parte, Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), dice que tras el acuerdo se sabía que estos territorios “iban a quedar con una inestabilidad y unos vacíos y el problema es que el estado no llegó rápidamente y cuando llegó, lo hizo más en plan de guerra que ganar a la población”, y agrega que ha avanzado más rápido el crecimiento de los grupos que la respuesta del estado.

Sin embargo, aclara que el acuerdo sí ha tenido efecto en la seguridad, pues se ha presentado una leve mejoría en algunas zonas del país, porque la violencia se concentra en 170 municipios mientras que antes del acuerdo había 350 municipios afectados.

Pero dice que si el Estado realmente se hubiera preocupado por la implementación del acuerdo y no por una estrategia de seguridad militar los resultados serían diferentes.

Por último agrega que a pesar de todo lo anterior, no hay posibilidad de que en esta década se restablezca una estructura política militar como la que alcanzaron las FARC  a finales de los noventa, y ni siquiera a la altura de la que tenían al momento de las negociaciones de paz en La Habana.

Gobierno dice que sí ha cumplido

Frente al asesinato de excombatientes el Gobierno a través del consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, ha dicho que se ha cumplido con la paz de Colombia.

Esto porque el Gobierno ha hecho su mayor esfuerzo para la protección de los excombatientes en proceso de reincorporación, y no ha escatimado trabajo ni recursos ni esquemas de seguridad para evitar que sigan siendo víctimas de agresiones por parte de narcotraficantes y otras organizaciones armadas, que ya existían en Colombia desde antes de la firma del Acuerdo.

Además, ha dicho que el objetivo claro es que haya cero muertes y cero agresiones contra esta población que ha dado el paso a la legalidad.

Por otro lado, el presidente Iván Duque ha asegurado que su actual Gobierno ha estado comprometido con la política de paz con legalidad, respondiendo con hechos y resultados tangibles en los diferentes territorios nacionales y agregó que se ha logrado esclarecer el 66 % de los crímenes en contra de excombatientes y líderes sociales y un 79% de los casos que están involucrados con grupos armados organizados y estructuras criminales.

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