Públicamente, ninguna de las entidades para las que trabajó ha explicado en detalle cuáles fueron las razones para contratarla, a pesar de que en algunos casos su área de experiencia no coincidía ni siquiera con el objeto del contrato. Tampoco han informado si cumplió a cabalidad con las tareas que le fueron encomendadas ni cuáles fueron los reportes que presentó de su trabajo.
Desde ese punto de vista, el caso de Karen Váquiro, esposa de Andrés Mayorquín, quien tuvo que renunciar por este escándalo a su cargo de asesor de la jefe de gabinete del presidente Iván Duque, María Paula Correa, sigue siendo un misterio.
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Lo que se sabe, por el momento, es que entre enero de 2020 y diciembre 2021, Karen Váquiro se benefició de 26 contratos con el Estado por un valor de 1.250 millones de pesos, en entidades tan disímiles como la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el Departamento de Prosperidad Social, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Deporte, la Registraduría, el Icetex, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras y el Archivo General de la Nación, entre otros.
Aunque la mayoría de los contratos estaban relacionados con el seguimiento de la actividad legislativa, que era la línea en la que Váquiro decía estar especializada, al menos un par, como se puede constatar en el Portal Anticorrupción (Paco), tenían objetos con muy poca relación con esa experiencia.
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Uno de ellos, con la Aeronáutica Civil, era en el grupo de facturación de la entidad y estaba orientado a “realizar las actividades de control y seguimiento de los ingresos de la facturación”.
Otro, con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), era para apoyar la “implementación, desarrollo y ejecución de las estrategias de comunicación externas de la escuela”. Váquiro no es comunicadora sino economista y profesional en marketing de la Universidad Sergio Arboleda.
La participación de su esposo, quien tenía contacto con diversas entidades del orden nacional gracias a su cargo de asesor de Presidencia, habría sido clave para obtener estos contratos, según lo reveló el alcalde de Cartagena, William Dau, uno de los funcionarios a quien Mayorquín le recomendó a su esposa.
"Yo a este señor ya lo tenía fichado. Busqué en mi Whatsapp unas perlas de mensajes que quiero compartir con ustedes para que cada uno llegue a sus propias conclusiones", expresó el alcalde Dau en un video que compartió a través de sus redes sociales en el que hizo públicos los mensajes en los que Mayorquín le decía que se había enterado de que estaba buscando alguien que le ayudara a manejar la información del Congreso y le sugería a su esposa, que había trabajado en eso.
Esta semana, en una rueda de prensa convocada para explicar el caso, María Paula Correa aseguró que no conocía a Váquiro, que no sabía que fuera la esposa de su asesor Mayorquín, y que fue asaltada en su buena fe.
Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien la acompañó en la comparecencia ante los medios, dijo que la inconsistencia no fue detectada porque Váquiro ocultó su vínculo marital con Andrés Mayorquín. Correa agregó que no existe una prohibición legal para que una misma persona tenga varios contratos con el Estado y depende de la ética del contratista que no ocurra una situación como la de Váquiro.
Sus respuestas, sin embargo, no dejaron satisfecha a la oposición, que ya anunció que convocará un debate en el Congreso para cuando termine el receso legislativo. Incluso, algunos han pedido la renuncia de Correa.
Para los expertos, son varios los vacíos que le habrían permitido a la pareja salirse con la suya. En primer lugar, el abuso de la contratación directa, algo muy usual entre las entidades del Estado, y adicionalmente, la falta de rigor en los procesos de selección.
“Tenemos vacíos legales que permiten el abuso de la contratación directa, los cuales combinados con la mala fe y la incompetencia en la supervisión permiten que este tipo de cosas pasen”, explicó Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción.
Y agregó: “quienes contratan deben asegurarse de que el contratista es idóneo y tiene capacidad real de cumplir con el contrato. Así, si el contrato no se cumplió o se cumplió a medias, el contratante y el supervisor del contrato pueden entrar a responder. Pero más importante aún, si el contrato se suscribió para favorecer a alguien en particular, puede configurarse el delito se tráfico de influencias o el de interés indebido en la celebración de contratos”.
Según la verificación de formación académica y profesional hecha por el Icetex en 2019 con base en la hoja de vida de Váquiro, para ese momento tenía 2 años, 7 meses y 22 días de experiencia, la mayor parte de ellos en el Banco de Bogotá, en donde había sido Gerente de oficina, con un sueldo de $3’677.800. El resto de la experiencia (10 meses) lo había tenido en la firma Link Consultores, en donde sí había hecho la labor específica de hacer seguimiento a la agenda legislativa, que fue en lo que después prestó sus servicios a la mayoría de entidades que la contrataron.
Curiosamente, un poco más de un año después, en febrero de 2021, el Ministerio de Cultura le certificó a Váquiro una experiencia superior a 5 años, para contratar sus servicios. Para completar su experiencia, tuvo en cuenta un año y 30 días de trabajo en una entidad llamada Soluciones Integrales en Citología y Patología.
¿Por qué 15 entidades consideraron que Váquiro era la persona idónea para desempeñar un cargo en el que tenía una experiencia escasa? ¿Tenía Mayorquín la suficiente influencia como para lograr que su esposa fuera contratada a pesar de eso? Esas serán las preguntas que tendrán que responder las entidades de control.
“Eso solo ocurre gracias a una buena dosis de presión política y tráfico de influencias. A esa pareja no se le apareció la virgen, usaron indebidamente su poder para forrarse con la plata de los colombianos”, concluye Enciso.
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