En medio de la discusión política en torno a la reforma tributaria, el análisis técnico del proyecto parecería haber quedado a un lado.

Carlos Sepúlveda, Decano de Economía Universidad del Rosario, y Eleonora Lozano Rodríguez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, analizaron para Colprensa el texto de la iniciativa, desde su aspecto estrictamente económico.

Los dos destacan los aspectos de la reforma que podrían tener mayor impacto, tanto positivo como negativo.

*Carlos Sepúlveda – Decano de Economía Universidad del Rosario*

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La reforma tributaria presentada al Congreso es ambiciosa en términos de recaudo, y audaz en corregir problemas de diseño de nuestra estructura tributaria. En primer lugar, propone la eliminación de un gran porcentaje de exenciones, tanto de IVA, como de renta para personas naturales y jurídicas, en línea con insistentes recomendaciones de expertos y académicos nacionales por muchos años, y de las recientes conclusiones de la Comisión de Expertos. En segundo lugar, propone la ampliación de la base para declarar renta y el pago de impuesto de renta de manera progresiva. Colombia debe basar más su recaudo tributario en las personas y menos sobre las empresas, las cuales generan empleo, inversión y crecimiento. En tercer lugar, propone una serie de medidas de gasto social, como extender el programa Ingreso Solidario, necesario para mitigar las carencias de millones de hogares por la pandemia.

Por el lado negativo, destaco también algunos aspectos. Primero, el ajuste de la regla fiscal le quita independencia a la Comisión Independiente actual de definirla, pasándole una mayor responsabilidad al CONFIS, dependiente del Ministro de Hacienda. Segundo, las propuestas sobre servicios públicos domiciliarios (ajustes de los subsidios poco claras y cobro de IVA a estratos 4, 5 y 6), es una salida fácil con criterio netamente fiscal y no contempla un manejo integral frente a la política de subsidios y contribuciones en la materia, agregando complejidades a un sistema ya de por si disfuncional. Tercero, la exigencia de un mayor recaudo deja por fuera el cobro de IVA a gaseosas y mantiene exenciones de sectores que gozan de esto actualmente. Esto le quita legitimidad al Gobierno en pedir un esfuerzo de muchos, manteniendo beneficios que son difíciles de justificar. Cuarto, una ausencia de compromisos ambiciosos reflejado en el presupuesto de gasto del año entrante que refleje un esfuerzo de fondo del Gobierno de gastar menos y mejor.

*Eleonora Lozano Rodríguez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes*

La propuesta de reforma fiscal presentada por el gobierno puede tener efectos negativos y positivos sobre la actividad económica pero aún todo es muy incierto pues en el debate pueden primar las consideraciones políticas sobre las técnicas que lleven a un texto indeseable desde la perspectiva económica y social. Por lo anterior, y como lo he planteado en diferentes escenarios académicos, considero que, el actual, no es un momento oportuno para debatir una reforma de un sistema lleno de inequidades e ineficiencias, dado el escenario político de final de gobierno presidencial.

Algunos de los efectos económicos de la propuesta, intuitivamente, podrían ser los siguientes:

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Primero, el aumento del IVA y del impuesto sobre la renta disminuirán el consumo privado de los hogares. Sin embargo, la renta básica que se planteó, en conjunto con la compensación del IVA, beneficia a los hogares más pobres, si llega a donde tiene que llegar y aquí hay muchos costos de transacción para lograrlo así como múltiples problemas de información asimétrica.

Segundo, la reforma elimina algunas exenciones en el impuesto sobre la renta (aunque aún muy tímidamente), reduce la tarifa para las MIPYMES (lo cual imprime progresividad al sistema) y pretende aclarar el panorama fiscal de mediano plazo y moderar los ánimos de las calificadoras. Esto puede incentivar la inversión privada, aumentar la acumulación de capital y el crecimiento de largo plazo. Sin embargo, los argumentos para las constantes reformas tributarias constantemente han sido los estándares de las calificadoras y, en el afán de satisfacerlos, hemos dado debates muy pobres en lo tributario.

Ahora bien, también incorpora medidas con efectos negativos sobre la inversión, como el aumento de la tarifa del impuesto al patrimonio y el aumento a la tributación de los dividendos. Aunque asimismo propone aumentar el umbral a partir del cual se comienza a pagar impuesto sobre los dividendos, y la nueva tarifa del impuesto al patrimonio aplica para patrimonios mayores a 15 mil millones. Habría que cuantificar los efectos reales teniendo en cuenta la tarifa corporativa que se defina luego del debate legislativo.

Tercero, intenta corregir externalidades negativas mediante impuestos pigouvianos como el del carbono, a los vehículos y a los plásticos de un solo uso. Esto puede tener efectos positivos sobre el crecimiento de largo plazo al eliminar cargas medioambientales que frenen el crecimiento.

Cuarto, la extensión del PAEF y el aligeramiento de los costos laborales no salariales puede tener efectos positivos sobre el empleo. Esto podría aumentar la capacidad productiva de la economía y aumentar el trabajo formal. Sin embargo, esto aún es muy incierto por el momento recesivo de la economía y por los otros “desincentivos” tributarios -y de otra naturaleza- para la formalización empresarial.

Finalmente, pese a las promesas gubernamentales de no incluirlas más, incorpora una nueva “normalización tributaria” que introduce más inequidades e ineficiencias al sistema pues en el corto y mediano plazo afecta la cultura tributaria al disminuir el cumplimiento tributario y, por ende, el recaudo futuro para un mayor gasto social, fundamental para el crecimiento económico, y más en un país con tantas necesidades sociales como el nuestro.