Cerca de cinco años después de su fundación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó la decisión más importante desde su creación, al imputar a ocho miembros del Secretariado de las desmovilizadas Farc en el denominado caso 01, que se refiere a los secuestros cometidos por esa organización ilegal. 

Los imputados fueron Rodrigo Londoño o Timochenko, el último máximo comandante que tuvieron las Farc, los miembros del Secretariado Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, que actualmente son senadores, y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda Escobar. 

La responsabilidad de cada uno de ellos en este proceso varía de acuerdo con los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado. 

Pero, en general, se refiere a la intervención que como comandantes de la organización tuvieron para “privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación así como su bienestar, su integridad y su vida”. 

La JEP consideró que se trata de un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad porque “tuvieron la intención y la implementaron, de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil en los lugares donde esa guerrilla hacía presencia”. 

Esta práctica criminal no se limitó además a arrebatarles la libertad a las víctimas, sino que estuvo acompañada de otros delitos como homicidios, torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamientos forzados. 

Los secuestros afectaron de manera generalizada a personas de todos los estratos sociales, no distinguieron territorios, condiciones de género, edad o vulnerabilidad especial, justificados indebidamente con motivos relacionados con la financiación de la organización armada, forzar el intercambio por guerrilleros presos y controlar a la población de los territorios imponiéndoles su poder.