La Jurisdicción Especial para La Paz entregó al Tribunal de Paz 11 imputados por falsos positivos elegibles para imponerles sanciones condenatorias.

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Se trata de la primera resolución de conclusiones emitida por la JEP luego de encontrar responsables a los 11 oficiales del ejército por crímenes de guerra y lesa humanidad.

Entre los oficiales del ejército se encuentran el brigadier general retirado Paulino Coronado, cinco coroneles y otros cuatro oficiales y suboficiales, además de un civil reclutador, quienes reconocieron su responsabilidad y aportaron testimonios completos y detallados sobre asesinatos y desapariciones cometidos en el Catatumbo, Norte de Santander.

Los oficiales del Ejército Nacional remitidos por la Sala para la imposición de sanciones propias son el brigadier general (r) Paulino Coronado Gámez, excomandante de la Brigada 30; los coroneles (r) Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel (r) Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula Santander' (BISAN) de Ocaña; el teniente coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el teniente coronel (r) Juan Carlos Chaparro Chaparro, exjefe de operaciones y excomandante encargado del Batallón Francisco de Paula Santander.

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Del mismo grupo hacen parte los antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA): el capitán (r) Daladier Rivera Jácome y el sargento segundo (r) Rafael Antonio Urbano Muñoz; así como el sargento segundo (r) Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN, el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y el tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de esas dos estructuras militares.

La JEP destaca los reconocimientos y aportes suministrados por estos oficiales de la fuerza pública, ya que durante años los falsos positivos fueron negados repetidamente.

“Aceptó mi responsabilidad desde que estuve en la brigada móvil siendo jefe de estado mayor, que fue cuando iniciaron la mayoría de ejecuciones extrajudiciales llamados falsos positivos, sí tengo responsabilidad directa sobre eso”, aceptó el teniente coronel (r) Tamayo Hoyos.

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En cuanto al brigadier general (r) Coronado, este reconoció, en concreto, que incumplió el deber de investigar tras conocer las denuncias, así como varios de sus deberes, cuyo cumplimiento hubiera evitado la comisión de estos crímenes: “Acepto toda la responsabilidad imputada bajo la calificación de comisión por omisión [...] Acepto mi responsabilidad por no haber investigado para sancionar estas falsas operaciones.

Sanciones y proyectos restaurativos 

Sobre el proceso a continuar, la sanción propia tiene dos componentes: uno reparador y restaurador y otro de restricción efectiva de libertades y derechos, que puede extenderse hasta por 8 años y que debe ser verificado y monitoreado por Naciones Unidas.

Entre las propuestas de contenido reparador, la Sala de Reconocimiento presentó hasta siete proyectos que deberá evaluar el Tribunal para la paz.

Entre ellas se encuentran:

Salón de exposición dentro del Museo Nacional de la Memoria de Colombia sobre asesinatos y desapariciones.

Parque memorial de las 6.402 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

Placas ubicadas en los parques donde fueron aprehendidas las víctimas para posteriormente ser asesinadas y desaparecidas forzadamente y presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

Construcción de espacios físicos donde las víctimas de hechos relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas de personas para ser presentados como bajas en combate por agentes del Estado puedan congregarse y realizar actividades para su fortalecimiento organizacional.

Proyectos de recreación, deporte y ocupación del tiempo libre para jóvenes en contextos de vulnerabilidad social y económica.

Documental fílmico “Las verdades del Catatumbo", proyecto presentado por los comparecientes Santiago Herrera, Rubén Darío Castro, Álvaro Diego Tamayo Hoyos y Juan Carlos Chaparro.

Cátedras para fortalecer la no repetición, proyecto presentado por los comparecientes Santiago Herrera, Rubén Darío Castro, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Gabriel Rincón Amado y Juan Carlos Chaparro.

En los próximos seis meses, la Sección tendrá que hacer una evaluación de la resolución de conclusiones, verificando la correspondencia entre las conductas reconocidas, su calificación jurídica, los responsables y las sanciones, y emitir la sentencia correspondiente, que podrá ser apelada ante la Sección de Apelación de la JEP.