Por cuenta de más de 5.200 hechos violentos ocurridos en el norte de Colombia, este martes la Fiscalía General de la Nación imputó a Salvatore Mancuso y otros exintegrantes de grupos paramilitares delitos que van desde homicidio, desaparición forzada y desplazamiento forzado, hasta reclutamiento y violencia basada en género.
El ente investigador, a través de la Dirección de Justicia Transicional, sostuvo que las macroimputaciones afectan a comandantes y exmiembros de las denominadas las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes perpetraron diversos hechos criminales entre 1987 y 2005.
Lea: La cifra que se necesitaría para reparar a víctimas del conflicto armado en Colombia
Por un lado, ante el Tribunal Superior de Barranquilla, la Fiscalía imputó al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso y a otros 24 desmovilizados del Bloque Córdoba por más de 4.000 hechos de violencia que dejaron 6.552 víctimas en Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander y Sucre.
Concretamente, se trata de hechos como la masacre de Pichilín, ocurrida el 4 de diciembre de 1996, en Morroa (Sucre) –que dejó 11 muertos y varios desplazados–, así como la masacre de Tasajera, ocurrida el 1 de octubre de 1996 por parte del Bloque Córdoba de las Autodefensas.
“Los hechos imputados están relacionados, entre otros, con 1.116 homicidios; 2.023 casos de desplazamiento forzado; 371 hechos de desaparición forzada; 28 delitos por violencia basada en género; 10 de reclutamiento ilícito, y 523 asociados a otros delitos”, explicó el organismo.
Por otro lado, ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía imputó también a Salvatore Mancuso y 22 hombres que integraron el Bloque Montes de María por 1.153 hechos delictivos en Bolívar, Sucre y Córdoba. En concreto, se trata de 229 homicidios, 108 desapariciones forzadas y 690 hechos por desplazamientos forzados.
Entre los casos que evocó el ente investigador se cuenta lo ocurrido en marzo de 2004, cuando cinco armados ingresaron a un inmueble de la vereda El Penique, en Clemencia (Bolívar), asesinaron a un hombre y se llevaron a tres de sus hijos. “Uno de ellos fue encontrado sin vida al día siguiente y de los otros dos se desconoce su paradero”, dijo la Fiscalía.
Conozca: Colombia, el país más peligroso para defensores de Derechos Humanos
Adicionalmente, en diciembre de 2002, los hermanos Eliecer David y Jaime Beltrán Morales fueron asesinados en San Onofre (Sucre), mientras se trasladaban en una camioneta junto a otras personas. “Uno de los pasajeros y testigos de los hechos contó a la familia de la víctima lo sucedido; sin embargo, 15 días después fue desaparecido. El cuerpo fue ubicado y exhumado en diligencias realizadas en 2007, y posteriormente entregado a sus familiares”, agregó el ente.
El fin de semana, el presidente Gustavo Petro mostró disposición para reunirse con los antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes solicitaron hace un par de semanas el encuentro por medio de una carta. Según el mandatario, la reunión podría fortalecer la mirada del Estado en torno a la ley de justicia y paz.
“Antiguos jefes paramilitares que han pagado sus condenas, hoy dicen públicamente que estarían dispuestos a reunirse conmigo. Yo creo que esa reunión debe darse, creo que es necesario que el Gobierno y beneficiarios jurídicos de la ley de justicia y paz se reúnan para establecer en blanco y negro qué pasó con los bienes”, afirmó el Presidente este domingo, durante la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
