En el esquema de seguros de Hidroituango hay una póliza clave que ha movido titulares desde la emergencia que tuvo en jaque al mayor proyecto hidroeléctrico del país en abril de 2018. Es la póliza conocida como todo riesgo construcción y montaje, la cual tiene cobertura de daños materiales de infraestructura y equipos hasta por 2.550 millones de dólares, con un deducible de 1 millón de dólares.
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En septiembre de 2019, la aseguradora Mapfre emitió una nota de cobertura para cubrir los daños, es decir, confirmó que las causas de la emergencia estaban dentro de la cobertura de la póliza.
Hasta ahora, EPM ha recibido 350 millones de dólares: 150 millones de dólares en diciembre de 2019; 100 millones de dólares en septiembre de 2020; y otros 100 millones de dólares en agosto de 2021.
Sin embargo, dicha póliza para hechos posteriores venció el 31 de marzo de 2021 y desde entonces la megaobra se construye sin esa cobertura. El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, explicó ayer que como el proyecto está siniestrado, es decir, ya se reclamó por la ocurrencia de uno de los hechos asegurados, cada vez es más costoso volver a conseguir la póliza.
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“EPM tiene una gestión del riesgo que nos ha permitido avanzar sin que eso sea un problema. Seguimos en ejecución continua”, expresó.
Contó que la póliza se sigue gestionando, aunque queda poco por construir (falta 14% de ejecución), por lo que el riesgo se reduce a medida que la obra avance.
En su más reciente comentario de calificación sobre EPM (12 de julio pasado), Fitch Rating supone que la empresa recibirá pagos de seguros de más de 800 millones de dólares entre 2021 y 2024 por el proyecto Hidroituango, a una tasa de aproximadamente 200 millones de dólares por año.
Solo se sabrá el valor final de la reclamación cuando termine la obra. Según el cronograma vigente de EPM, la octava y última unidad de generación se pondrá en funcionamiento en 2025.
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Prórroga y licitación
Carrillo dijo también que buscan acordar con los contratistas una nueva prórroga (la relación actual vence el 31 de diciembre) para poner a funcionar las dos primeras unidades, mientras la empresa avanza con la licitación para un contratista que termine la obra.
Dicha prórroga, explicó, corresponderá al tiempo mínimo para encender las dos primeras unidades, y anunció que la próxima semana habría humo blanco al respecto.
La posibilidad de una prórroga se tocó el jueves durante una comisión accidental en el Congreso. Según Juan Espinal, representante a la Cámara por el Centro Democrático, los contratistas se mostraron conciliadores, contrario a lo que ha manifestado el alcalde Quintero, en cuanto a una supuesta amenaza del Consorcio de salir del proyecto si no se aceptaban sus exigencias.
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“Los contratistas consideran que un término adecuado para la prórroga sería de 12 meses, para lograr sacar adelante las dos turbinas con las que hay que cumplir el próximo año y evitar sanciones ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg)”, sostuvo Espinal, quien aclaró que este no es un ultimátum, pues el Consorcio está dispuesto a conciliar.
El 1 de diciembre de 2022 vence el compromiso ante la Creg para tener funcionando dos unidades. Ya hubo una multa por 43 millones de dólares por los incumplimientos tras la crisis de 2018.
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