Una muy controversial propuesta está preparando el Gobierno Nacional para tramitarla ante el Congreso de la República, una reforma al sistema penal y a la política criminal, la disminución de penas a condenados y así permitir bajar el hacinamiento que hay en las cárceles y otros centros transitorios de reclusión, como estaciones de Policía y calabozos de fiscalías.
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Así lo anunció el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en un debate de control político al que fue citado a la plenaria del Senado, en donde debió responder sobre cuál es la salida que está buscando el actual gobierno para la crisis que se vive en las cárceles del país.
Osuna sostuvo que “hemos pensado en el Ministerio de Justicia en una reforma al sistema penal, a la política criminal, estamos preparando un proyecto de ley, para presentarlo en marzo, para que se haga un uso racional de las cárceles... necesitamos más penas cortas, tenemos que empezar con penas menos largas para que sea cierta la idea de resocialización, aunque esto choca con el populismo punitivo”.
Otro punto de la reforma, según el ministro, es que en materia de atención en salud a los más de 195 mil detenidos se haga un convenio con Asconfame, para que los médicos que están en su año rural lo puedan hacer atendiendo en las cárceles, como también que el sistema de salud tengo menos intermediarios y así sea más efectivo.
Planteó además que la reforma requiere tener las bases de una justicia más restaurativa que sirva a las víctimas, pero que también aporte para la reconstrucción social.
“Sabemos que es controversial, no les va a gustar a muchos, pero estamos convencidos que parte de las soluciones está aquí, ustedes (congresistas) definirán que dejarán y que retiran”, indicó el ministro Osuna.
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Uno de los senadores citantes, Guido Echeverri (Alianza Verde-Coalición de la Esperanza), indicó que el gobierno deberá prever que con la puesta en marcha de la llamada política de la “paz total” va a cambiar la política criminal y se requiere un nuevo sistema penitenciario.
La senadora liberal Karina Espinosa, aseguró que ante el fracaso de la política pública del sistema penitenciario nacional, se debe diseñar un cambio procedimental y estructural.
En la sesión además se escuchó a tres privados de la libertad, entre ellas a la Emma Juliana Urdinola, quien planteó que “no pedimos impunidad, pedimos oportunidades, lo que pasa en las cárceles no es justicia, es venganza hacia las privadas de la libertad, de las cuales muchas son madres que aún deben mantener a sus hijos”
Otro de los penados que tomó la palabra, Camilo Alexander Higuera, quien lidera el tema de los derechos humanos en La Picota, sostuvo que hay un problema serio con la forma como opera el Uspec, porque no sólo afecta el tema de la comida sino en general con la infraestructura, las comunicaciones, entre otros aspectos.
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De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia, al cierre de octubre, en Colombia habían 195.265 privados de la libertad, de ellos 97.300 en cárceles del Inpec; en detención domiciliaria 71.185; en cárceles de entidades territoriales 2.900; estaciones de Policía, 22.319; y URI de Fiscalía, 1.561.
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