El Estado colombiano no debió acudir a la Corte Internacional de Justicia, CIJ, en la Haya, para dirimir el conflicto histórico de soberanía en el mar Caribe, que tenía con Nicaragua.
Así lo sostienen algunos analistas consultados por El País, quienes aseguran que además, la estrategia nacional falló al argumentar la titulación de un territorio que nadie cuestionaba.
Sin embargo, hay otros expertos que resaltan la importancia de que el Gobierno Nacional haya logrado que la Corte rechazara todas las pretensiones de Nicaragua.
El exdiplomático Ramiro Zambrano dijo que la Nación “no debió acudir a la CIJ y más bien debió renunciar a su jurisdicción. Nuestra estrategia jurídica en el largo plazo favoreció la soberanía del archipiélago, pero nos llevó a perder un importante espacio marítimo”.
El senador Manuel Virgüez, de la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores, Tratados y Asuntos Diplomáticos, fue más crítico y sostuvo que la debilidad de la defensa del Estado podría generar que países como Venezuela o Costa Rica, que disputan la soberanía con Colombia, encuentren espacio para ganar territorio.
“Lo que pasó demuestra los litigios mal defendidos y la visión estratégica nula o escasa del territorio marino-costero que ha acompañado a nuestro país”, condenó el congresista.
Mientras que el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, recordó que desde el 2007 esa corporación le alertó al Gobierno Nacional sobre el riesgo de enfrentar un fallo que aprobara la soberanía, pero que señalara que no había elementos para delimitar la frontera marítima.
“Fue un error al ir a un tribunal para que allí se pronunciarán sobre un título que nadie cuestionaba y del que se tenía plena soberanía, así lo habían acordado ambos países y hoy perdimos”, agregó.
Mauricio Jaramillo, internacionalista de la Universidad del Rosario, insistió en que Colombia no debió ir ante la Corte Internacional de Justicia, aunque precisó que “la pérdida” no se debe ver como un error de este Gobierno, porque el argumento de defensa se mantuvo desde el gobierno de Andrés Pastrana.
“Entre el 2000 y el 2001 se debió abrir un debate en círculos de académicos y expertos sobre la viabilidad de todas las alternativas, porque al fin de cuentas, la corte reconoció la soberanía ininterrumpida en los siete cayos, San Andrés, Santa Catalina y Providencia”, añadió.
Condenó que se limiten las responsabilidades a los representantes de esta administración porque en últimas, “se está perdiendo territorio importante, pero ahora tenemos una frontera definida y sobre eso hay que ponerse a trabajar”.
El experto indicó que en este momento es difícil encontrar el error en la argumentación colombiana que explique el fallo de la CIJ.
El analista internacional Andrés Molano dijo que “para uno perder algo tiene que ser dueño de lo que se le pierde” y en el 2007 la Corte Internacional argumentó que no había delimitación de áreas marinas y submarinas entre Nicaragua y San Andrés.
Indicó que la estrategia utilizada por el Estado colombiano fue llevada razonablemente, solo que el alto tribunal decidió con base en los criterios lógicos de su jurisprudencia y que consisten en emitir decisiones salomónicas.
“Lo que sucede es que ahora Colombia cuenta con título jurídico claro, preciso, definitivo e inapelable en relación con sus derechos. Eso era algo que no existía antes del fallo emitido este lunes”, enfatizó Molano.
*Colprensa
