Tras una reunión acalorada el Gobierno Nacional y el Comité Nacional de Paro no llegaron a un acuerdo para poder dar inicio a las negociaciones. Sin embargo, acordaron que se reunirán el próximo 20 de mayo.

Según Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, el presidente Iván Duque “le declaró la guerra al paro cuando ordenó desplegar a las Fuerzas Militares sobre los centros de concentración pacífica que hay en el país y porque se niega a aceptar la responsabilidad de toda la barbarie Policial”. Además, porque, según dijo, el mandatario no respondió a las exigencias presentadas este domingo por el comité.

De acuerdo con el Comité Nacional del Paro sus exigencias no fueron respondidas, según indicaron durante la reunión en la que se esperaba llegar a un acuerdo, el Gobierno no se refirió al uso de armas de fuego en el control de las protestas, la contención de grupos armados, las detenciones indiscriminadas, el funcionamiento del protocolo de protesta y las solicitud de rectificación del calificativo de terrorismo vandálico.

También dijeron que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría no respondieron a las exigencias que presentaron y que lo único que, según ellos, le importa al Gobierno son los bloqueos, por lo que reiteraron que “los manifestantes seguirán acordando manifestaciones pacíficas y corredores humanitarios que no ponen en riesgo la vida y la salud de los colombianos”.

Por su parte el Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo que “hay un mensaje muy importante del Gobierno Nacional y es que se ha avanzado en la garantía de la movilización pacífica'' y añadió que entregaron una solicitud concreta a los organismos de control para que sigan acompañando este proceso”.

El Gobierno añadió que las exigencias del comité no se pueden cumplir pues “el Presidente de la República no puede renunciar a las herramientas que la Constitución le otorga para garantizar la seguridad de los ciudadanos, porque ello implicaría desconocer la Constitución que juró cumplir y defender cuando asumió su cargo”.

Frente a la solicitud del Comité para que reconozca y condene los abusos de la Fuerza Pública el gobierno indica que “como Comandante de las Fuerzas Armadas el Presidente de la República reitera que no se tolera en un Gobierno Democrático como el Colombiano, ningún abuso por parte de miembros de la Fuerza Pública.

Por otro lado y ante la solicitud para que el gobierno establezca un mecanismo expedito para las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos en el marco de las protestas puedan acceder a la reparación de sus derechos el gobierno indica que ya existe un mecanismo llamado conciliación extrajudicial que adelanta la Procuraduría.

¿Cómo se desarrolló la Jornada?

Este encuentro inició pasadas las dos de la tarde, luego de que el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, anunciara que por primera vez en el país se activa la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para las manifestaciones públicas, prevista en el Decreto 003 de 2021.

Esta mesa tiene como objetivo evaluar los escenarios de protesta y proponer acciones que conllevan a la garantía efectiva del ejercicio de este derecho. Estará conformada por los ministerios del Interior y de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría y tres delegados de organizaciones de Derechos Humanos del país y de los convocantes a las manifestaciones.

A partir de este momento los dos sectores se reunieron a puerta cerrada para discutir las 19 exigencias entregadas por el Comité del Paro en la noche de este domingo, donde primero el Gobierno leyó cada uno de los puntos a discutir y luego les entregó el documento de respuestas.

Sin embargo, en medio de esta reunión Colprensa pudo comprobar que hubo fuertes reclamos por parte del Comité Nacional del Paro, en donde tuvo que intervenir monseñor Héctor Fabio Henao director de pastoral social para calmar los ánimos.

Es importante recordar que a esta reunión asistieron además de Ceballos, el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera; el de Vivienda, Jonathan Malagón; el alto consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, y la alta consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, entre otros funcionarios.