Las diferencias entre el jefe del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, cada vez son más grande, sumado a las discrepancias en materia de la reforma a la salud, ahora el tema son los servicios públicos.

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La molestia del expresidente de la República, se da luego de que Petro, como una forma de frenar el incremento de los precios en las tarifas de los servicios públicos, en particular la energía eléctrica, decidió intervenir su regulación por al menos tres meses en materia del agua, la energía y el gas.

Es por eso que el jefe liberal rechazó esa postura de Petro y además porque hace una defensa de lo que incorporó la Asamblea Nacional Constituyente, precisamente en su gobierno, en donde se transformó la prestación de los servicios públicos en el país.

Gaviria, en una nota editorial que empezó a circular, señala que hay algunos de los miembros del gobierno Petro que quieren regresar al pasado, y recrear la situación existente antes de 1990, una época en que eran raquíticas las instituciones del Estado para guiar los servicios públicos y la infraestructura.

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“En esos años no existía inversión privada en servicios públicos, construcción de carreteras, aeropuertos y puertos. Era, por supuesto, una época en la que la cobertura de acueducto era del 60 por ciento, el país no tenía ni un kilómetro con dobles calzadas, los aeropuertos eran insuficientes y los puertos no funcionaban”, señala en uno de los apartes del documento.

Indica además que “este no es el momento para destruir lo existente y, por razones ideológicas, recrear la situación del pasado, con todos sus problemas, males y carencias. No se puede correr el riesgo de que bajen las coberturas, se deteriore la calidad y que el país vuelva a sufrir los problemas que padecía hace 40 o 50 años”.

Considera además el jefe liberal que la falta de claridad sobre las reglas del juego hacia el futuro, “naturalmente reina el desconcierto y, sobre todo, está paralizada la inversión en estas áreas. Nadie puede comprometer cuantiosos recursos en el largo plazo si no conoce las regulaciones que el presidente va a fijar y no sabe cuáles son las normas legales que van a reemplazar las leyes de los servicios públicos”

Para Gaviria, se están rompiendo las condiciones de estabilidad y predictibilidad que durante 30 años permitieron la modernización de los servicios públicos, el aumento de su cobertura y la vinculación del sector privado, nacional y extranjero con millonarias inversiones.

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“Si se mantiene esta situación de alta incertidumbre, será inevitable que los colombianos sufran un deterioro de la cobertura y, sobre todo, de la calidad de los servicios públicos. Las decisiones que está tomando el Gobierno repercutirán, por lo tanto, en una disminución del bienestar y la calidad de vida de los colombianos”, escribe en otro aparte del documento.

Considera que lo que se anuncia es un regreso a un modelo estatista y sin inversión privada.

“La organización empresarial de los servicios públicos estatales era caótica: la mayoría de las entidades estaba dominada por los apetitos políticos; escaseaban las administraciones profesionales; gran parte de las empresas carecía de planes de negocios y de procesos de planeación adecuados; no eran financieramente viables por el endeudamiento, los costos excesivos y los escasos ingresos. Las tarifas no cubrían los costos y, por razones políticas, no se ajustaban (era común que se redujeran para satisfacer promesas populistas). Como las comunidades alegaban, con razón, que no era justo pagar tarifas plenas por servicios malos o inexistentes, se creaba un ciclo vicioso de tarifas decrecientes, reducciones de las inversiones, deficiente mantenimiento y, al final, peores servicios”, dice.

Por último considera que “no tiene sentido, como propone el Gobierno, derogar las leyes 142 y 143 de 1994, que han mejorado el bienestar de los colombianos. Es inconcebible que, después de la experiencia del país con sus servicios públicos, se traten de recrear las condiciones existentes antes de 1991, en especial la prohibición de que el sector privado, con capital, tecnología y know-how, invierta en los sectores de energía, gas, agua, basuras y comunicaciones”.

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