El secuestro de dos militares a manos de miembros de las disidencias de las Farc en dos regiones totalmente opuestas del país, reabre el debate sobre si el cese el fuego planteado por el presidente Gustavo Petro es en realidad bilateral o unilateral, y si debe mantenerse tras estas violaciones.

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Este año inició con esperanzas de alcanzar la paz en Colombia. El Gobierno Nacional no solo anunció que había alcanzado un cese el fuego bilateral, por seis meses, con distintas organizaciones armadas ilegales, sino que firmó los decretos para fijar las condiciones.

Aunque con el ELN el Gobierno tuvo un fallido anuncio de cese el fuego, luego de que esta guerrilla por medio de un comunicado desmintió haber llegado a un acuerdo, dijo que este proceso continuaba con las disidencias de las Farc, que se dividen en las lideradas por ‘Iván Mordisco’, que hicieron pública su adhesión a este acuerdo, y la 'Segunda Marquetalia', además de las 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia' (AGC) y las 'Autodefensas de la Sierra Nevada' (ACSN).

Sin embargo, esta semana miembros de las disidencias lideradas por ‘Iván Mordisco’, habrían roto este acuerdo, pues secuestraron a dos militares.

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El primer militar secuestrado fue identificado como el sargento segundo del Ejército, Juan Gabriel Chachinoy, quien fue retenido en cercanías al municipio del Tambo, Cauca, cuando se movilizaba en un bus de servicio público.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, este hecho se presentó en la tarde de este martes 10 de enero cuando el bus que cubría la ruta Popayán- El Tambo- Piedrasentada- Pasto, fue detenido por presuntos integrantes del frente 'Carlos Patiño' de las disidencias de las Farc.

Estos al revisar el vehículo y notar la presencia del militar, lo bajaron junto con su equipo de campaña y ordenaron al bus continuar con su camino.

En la bodega del automotor quedaron otras pertenencias del suboficial que se encuentran en poder de las autoridades.  

El otro militar secuestrado es el soldado Luis Domingo Morelos González, quien fue plagiado en las últimas horas en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, cuando se encontraba de permiso.

Según información entregada por el Ejército, aunque los hechos no son claros, el responsable sería el grupo armado organizado residual E37.  

De él ya se conoce una prueba de supervivencia en la que dice que se encuentra bien de salud y que ha sido tratado bien por sus captores. “Me han tratado de la mejor forma, han sido respetuosos conmigo, me respetaron la vida después de que trate de huir, se portaron de la mejor forma, no me hicieron daño, ni me han golpeado ni maltratado. Como se dan cuenta estoy bien de salud”, dice el soldado en un video presentado como prueba de supervivencia.

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Por otro lado, en Arauca las disidencias siguen en combates con el Eln, que ya dejaron un saldo de diez personas muertas, comunidades en confinamiento y en riesgo de desplazamiento.

Para evaluar todos estos hechos recientes, el miércoles 11 de enero se realizó un consejo de seguridad con los Ministerios de Defensa, del Interior, y la Consejería de Paz, el cual tardó cerca de seis horas en donde abordaron los hechos recientes ocurridos, pero hasta el momento no hay declaración del Gobierno sobre el tema.

¿Qué debe hacer el Gobierno?

Según el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, esta situación denota preocupación, pues este grupo armado ilegal se comprometió a no cometer estas acciones, por lo que se deben exigirse los mecanismos de verificación, pero el Gobierno no se debe precipitar en a tomar una decisión tan drástica.

“Un solo hecho no debe romper las conversaciones, pero si no se establecen mecanismos rápidos de clarificación y solución, se va a deteriorar e impedir avanzar”, explicó el director de Indepaz.

Contrario opina Jorge Mantilla, director de dinámicas de conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), quien dice que es muy preocupante que se haya decretado un cese el fuego bilateral, de manera unilateral por el Gobierno, y que este cese no esté siendo verificado, o al menos no se conozca cuál es su mecanismo de verificación.

En este sentido, Mantilla agrega que otro factor de preocupación es que no se conozcan los términos formales de ese acuerdo. “En términos formales no sabemos si esos secuestros, o la reciente confrontación en Arauca y los combates al inicio del año en el litoral Pacifico, son violaciones al cese el fuego, o no.

Los decretos lo que han planteado es que se sentarán las partes a discutir un poco los detalles, los protocolos y su contenido. De manera que aquí estamos en un escenario en que el único que se ha comprometido de manera explícita parece ser el Gobierno”, explica el director de dinámicas de conflicto de la FIP.

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