Este martes Carlos Ruiz Massieu, representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, presentó, ante el consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Informe Trimestral sobre la Misión de Verificación en Colombia. Según el funcionario la violencia persiste en el país y es necesaria la implementación de los acuerdos de paz.

El Secretario General destacó en su informe varios avances en el proceso como la aceptación de responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad por parte de las antiguas Farc ante la JEP. Según dijo este es un referente para la justicia transicional en el mundo.

Asimismo, destacó, “la semana pasada la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del caso 03, sobre asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, a 11 personas incluidos oficiales del Ejército, así como un tercero civil”.

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Massieu reconoció también el trabajo de la Unidad de Búsqueda que ha permitido encontrar cientos de cuerpos de personas desaparecidas, incluyendo a través de información suministrada por exguerrilleros, exparamilitares y agentes del Estado. Según dijo “esta labor contribuye a dar sosiego a las familias de las víctimas tras años de dolorosa incertidumbre”.

Igualmente, el trabajo de la Comisión de la Verdad que a su juicio “continúa propiciando espacios de reconocimiento en los que víctimas de diferentes actores del conflicto han podido estar frente a frente y dialogar con quienes años atrás les han causado irreparables daños”.

Sin embargo, llamó la atención sobre el proceso violento que se sigue adelantando contra exmiembros de las FARC-EP, líderes sociales y comunidades “persiste en los municipios de esta y otras regiones, incluido a lo largo de la costa del Pacífico, y en partes del sur y el noreste del país. Esto está principalmente relacionado con las acciones de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales que prosperan en zonas caracterizadas por una presencia limitada del Estado, la pobreza y las economías ilegales. La violencia continuada y la estigmatización contra excombatientes y miembros del partido Comunes es particularmente preocupante, especialmente en la antesala de las elecciones de 2022, cuando esperan participar activamente en el trabajo político a lo largo del país”.

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Además, informó al consejo de seguridad sobre el asesinato de las cuatro personas reportadas como desaparecidas por la Unidad de Restitución de Tierras el pasado mes de mayo, en el departamento del Meta. “Su desaparición había sido reportada en el más reciente informe del Secretario General. Condeno enérgicamente este vil acto que afecta a las víctimas y a las instituciones públicas, y confío en que los responsables sean llevados ante la justicia”, dijo.

El alto funcionario insistió en que la persistencia de la violencia y la inseguridad, “pone de relieve la urgente necesidad de mejorar las medidas de prevención y protección, así como de adoptar medidas adicionales más sólidas para desmantelar las organizaciones ilegales, llevar a los autores ante la justicia y ampliar la presencia de las instituciones estatales, el acceso a los servicios públicos y a las oportunidades de desarrollo en las comunidades afectadas por el conflicto lo antes posible”.

Massieu también indicó que la pandemia ha afectado a muchos colombianos y colombianas, como se refleja en las recientes protestas en todo el país. Además, hizo un llamado para que cese la violencia en medio de las manifestaciones.

“Seguimos rechazando la violencia cualquiera que sea su origen e instamos a que se utilice el diálogo pacífico. Como he declarado anteriormente, la sociedad y las instituciones colombianas deben ver en implementación del Acuerdo Final una oportunidad para abordar muchos de los problemas de larga data que enfrenta el país. Dada la urgencia de resolver estos y otros problemas pendientes, se necesitan medidas decididas para acelerar la implementación en los próximos meses”, dijo el jefe de la misión de verificación.

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Y agregó que, “ante un nuevo ciclo electoral en ciernes, invito a las partes y a todos los actores relevantes a que sigan comprometidos con el Acuerdo y priorizando el diálogo para resolver sus diferencias. Es precisamente con este objetivo que el proceso de paz previó la ampliación de los espacios democráticos y las garantías de participación”.

Según dijo, confía en que el pueblo colombiano sabrá beneficiarse de una democracia más sólida, y corresponderá a las instituciones proteger esos logros, así como a los líderes de todo el espectro político comprometerse con un ambiente de respeto y no estigmatización a fin de garantizar que las próximas elecciones sean pacíficas e inclusivas.

Además, destacó que la “reciente aprobación de las 16 curules destinadas a promover la participación en el Congreso de poblaciones históricamente excluidas en regiones afectadas por el conflicto es un acontecimiento alentador”.

La respuesta de la vicepresidente

A su turno la vicepresidente y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez respondió al informe del representante de la ONU, así como a las críticas de algunos miembros del consejo de seguridad sobre el exceso de fuerza por parte de la Policía Nacional en el control de las manifestaciones.

“El gobierno de Colombia quiere una paz verdadera y sostenible y a ello hemos dedicado nuestro esfuerzo no solo hemos retomado la política de paz con legalidad, sino que hemos reactivado la senda económica, nuestro gobierno se ha enfrentado a muchos retos que demanda de cambios estructurales desafortunadamente a pesar de los esfuerzos del gobierno el narcotráfico sigue siendo un desafío sobre el cual esperamos que las Farc avancen con mayor celeridad en compromisos reales y contundentes, incluyendo, entre otras, quienes son sus aliados internacionales y las rutas, allí está la causa fundamental de la muerte de tantos líderes en el país”, dijo la vicepresidente.

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Además, indicó que “llamamos a la corresponsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico, desafortunadamente hoy sale la droga de nuestro país y se procesa en laboratorios de otros países, además de criticar la trata de personas y la deforestación”.

Según la vicepresidente, el gobierno colombiano no desfallecerá en la aplicación del proceso de paz. Sin embargo, indicó que “en principio el cálculo inicial sobre cuánto costaba la implementación representaba 2 años enteros del PIB de Colombia, sin deuda externa, sin obligaciones pensionales. Por eso quiero que tengan en cuenta que es un acuerdo que se le dieron 15 años. Me sorprende escuchar que no hubo ningún avance, el doctor Ruiz reconoce unos avances, hasta el momento solo hemos recorrido 5 años desde la firma del acuerdo”.

La alta funcionaria dejó claro que la situación de violencia en algunas regiones de Colombia, no se debe a problemas con la implementación del Acuerdo. “Cuando se firmó el Acuerdo en 2016, todos los grupos criminales que hoy nos atacan ya existían y a ellos se sumaron las llamadas disidencias de las FARC. No es cierto que la existencia de otras violencias obedezca a un supuesto incumplimiento del Acuerdo. Por el contrario, de manera responsable avanzamos en la implementación, sin escatimar esfuerzos, en la lucha contra grupos armados organizados que se dedican a la explotación de rentas criminales”, dijo.

Con respecto a las protestas la canciller indicó que “estos muertos se dieron porque hubo minorías desarrollando vandalismo, destrucción, llegando armados a la protesta y dando muerte a los ciudadanos que estaban allí. Solo en el 11% de las manifestaciones hubo intervención de la policía que tiene el deber de proteger la manifestación pacífica”.

Según la canciller “hay un proceso de destrucción sistemática para deteriorar las condiciones sociales y políticas de nuestro país. Lamentablemente hay una extraña coincidencia con el proceso electoral que se avecina. Creemos en una paz verdadera que se construye desde las instituciones, pero hay gente que pretende llegar al poder pasando por encima del proceso que llevamos en Colombia”.

Ramírez insistió en que en el Consejo de Seguridad “se han hecho muchas afirmaciones, pero nos gustaría precisar y desvirtuar lo que aquí se ha dicho. Son informaciones que les han transmitido a través de los medios por eso hablaré con los embajadores para aclararles que mucha de esta información no responde a la realidad”.

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