Tras la filtración de los contratos entre el Gobierno Nacional y las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca, para la compra de vacunas contra la COVID-19, algunas voces en el país sostienen que el Estado colombiano podría enfrentar demandas por faltar a la confidencialidad pactada y, como consecuencia, podría quedarse sin más vacunas de estos laboratorios.

Así lo señaló el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz, quien escribió en su red social que la filtración pone en riesgo el Plan Nacional de Vacunación y la salud de los colombianos.

En la misma línea se pronunció el presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien mostró su preocupación por el riesgo al que se ve expuesto el plan de vacunación, “porque se trataba de información confidencial para garantizar el cumplimiento de los contratos en el suministro de vacunas”. 

No obstante, voces de especialistas en derecho y salud pública creen que no hay manera que las farmacéuticas puedan ejercer algún tipo de demandas en contra de Colombia por una filtración que no es propia de una de las partes del contrato sino de un tercero, en el marco de un proceso judicial.

“No creo que esta sea una situación tan catastrófica como la pintan, diciendo que se va a afectar el plan de vacunación o que millones de personas están en riesgo de morir porque ya no tendremos vacunas. No hay ninguna evidencia de que esto vaya a ocurrir”, dice el investigador visitante de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Harvard y profesor de derecho de la Universidad de los Andes, Johnattan García Ruiz.

García señaló que estos contratos incluyen la posibilidad que los Gobiernos deban entregar documentos confidenciales por orden judicial. “Estas cláusulas se tienen que ajustar al derecho de cada país. En el caso de Colombia, este tipo de acuerdo, si bien dice que son confidenciales, la Ley de Transparencia también dice que el acceso a la información es un derecho y especialmente en lo que tiene que ver con el uso de los recursos públicos”.

Cabe señalar que por ahora en Colombia no existe una orden judicial que obligue al Gobierno a publicar los contratos con las farmacéuticas. La información conocida en las últimas horas es el resultado de una filtración en el marco de un proceso judicial.

“En estos pactos de confidencialidad tienen una exclusión que dice que si al Gobierno le piden la información clasificada por una orden judicial, entonces el Gobierno tiene la responsabilidad de avisar al laboratorio y de hacer todo lo legalmente posible para mantenerla confidencial”, explica.  

Así mismo, de acuerdo con el especialista, los pactos de confidencialidad tienen excepciones cuando la información se hace pública por error o por terceros que no hacen parte del contrato, como hasta el momento ha sucedido en el país. Por lo tanto, el abogado cree que Colombia no tendrá mayores consecuencias, porque el Gobierno Nacional no reveló información por su propia voluntad.

¿Se puede quedar sin vacunas?

Para el abogado Johnattan García, con estudios en Maestría en Salud Pública con énfasis en Salud Global de la Universidad de Harvard, es difícil pensar que relación comercial entre el gobierno y las laboratorios se verá afectada, entre otras cosas porque Colombia es un socio comercial importante en la región.

“Colombia ha sido un buen cliente para ellos. Colombia está en un posición importante, tiene un puesto importante en el mecanismo de Covax, es un país con buenos recursos”. Además, hasta el momento no hay un primer país que haya sido castigado por un laboratorio farmacéutico por haber revelado información confidencial sobre su negociación, dice.

Por ejemplo, el caso más cercano es el de Perú, cuando en enero de este año la Ministra de Salud hizo un comentario sobre los acuerdos de confidencialidad de Pfizer y se rumoró que ya no recibirían vacunas o que serían los últimos en la fila. “Cuando uno va y mira Pfizer y Perú tienen un contrato de 35 millones de dosis y ya les han entregado 11 millones de dosis, más de las que les han entregado a Colombia”.

Otro caso de filtración pasó en Bélgica, donde el ministro de este país publicó sin querer en Twitter los precios negociados de las vacunas entre la Unión Europea y Pfizer, y hasta el momento las casas farmacéuticas no han dejado de suministrar vacunas a este país.

¿Qué revelan los documentos?

Con la filtración de estos contratos se conoció que Colombia que por cada dosis de Pfizer pagó 12 dólares y un pago anticipado de casi 20 millones de dólares por las 9.999.990 millones de vacunas de este laboratorio negociadas en total.

Con la farmacéutica AstraZeneca, el país negoció cada dosis por 6 dólares, de las 9.984.000 millones de dosis adquiridas en total. Con este laboratorio el total de la compra fue de 59 millones de dólares. Además, Colombia es el responsable del traslado de las vacunas y eximió de cualquier responsabilidad a los fabricantes.

Por su parte, la Unicef, en su tablero del mercado mundial de vacunas COVID-19, disponible en su página web, reveló más precios negociados en otros países en el marco del acuerdo COVAX.  

Por ejemplo, por una dosis de AstraZeneca, la Comisión Europa pagó entre 2,19 y 3,50 dólares, mientras que Estado Unidos y Argentina pagaron 4 dólares. En cuanto a Pfizer, por cada dosis, Estados Unidos pagó 19,5 dólares, la Unión Africana pagó 6,75 dólares y la Comisión Europea entre 14,7 y 18,9 dólares.

Esto significa que Colombia, en comparación con otros países, pagó menos por cada dosis de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca.

¿Cómo se filtraron los precios negociados?

Desde hace meses, el laboratorio estadounidense Janssen y otros ciudadanos como Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, utilizando sus derechos a acceder a la información pública, decidieron por medio de una acción de tutela pedir al Estado Colombiano que les diera la copia de los contratos con las casas farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca.

En el marco de ese proceso judicial que llegó hasta el Consejo de Estado, el cual no ha proferido un fallo definitivo, las autoridades judiciales le solicitaron al Gobierno Nacional copia de los documentos para pronunciarse sobre la tutela en cuestión y por error del Consejo de Estado fueron publicados con libre acceso en la página web de este organismo judicial, el cual reconoció el error por medio de un comunicado.  

Fue allí de donde Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, tomó los documentos y los compartió en su cuenta de Twitter.

“Lo que ocurre en este caso es que el gobierno se ha montado en una narrativa desde hace varios meses indicando y defendiendo la idea de que la publicidad de los contratos generaría para Colombia la afectación y se desprendería que las farmacéuticas no le vendieran más. La verdad es que eso es falso, no hay ninguna cláusula de ese contrato que establezca que si los contratos son conocidos y no hay violación de confidencialidad por las partes eso dé lugar a la terminación de los mismos”, dijo Enciso a Caracol Radio.

Por ahora, el Gobierno Nacional se reúne con representantes de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca para conocer las posibles consecuencias de la filtración de los contratos confidenciales de compra de vacunas contra la COVID-19.

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