En manos de la Corte Constitucional se encuentra el estudio de tres tutelas presentadas por organizaciones cocaleras de Cauca, Nariño y Norte de Santander, que piden eliminar la erradicación forzada de coca que está aplicando el Gobierno Nacional.

Las entidades, de los municipios de Caloto, Cajibío y Piamonte (Cauca) y Catatumbo (Norte de Santander) aseguran que no se está cumpliendo con lo estipulado en el Acuerdo de Paz, en lo referente al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, al igual que la erradicación forzada sea una medida excepcional.

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Los demandantes aseguran que se han visto afectados tras los operativos de erradicación forzada por parte de las autoridades y que en varias oportunidades han sido víctimas de la violencia por parte del Ejército, a pesar de que han manifestado acogerse a los programas de sustitución.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez aseguran que lo que buscan con la tutela es que se frene la erradicación forzada como primer recurso del Gobierno y que se empleen otras vías de sustitución voluntaria que se han venido relegando como lo es el Programa Nacional Integral de Sustitución.

Así mismo, buscan que se dé un tratamiento penal diferenciado a cultivadores de coca, tal como quedó pactado en el cuarto punto del Acuerdo de Paz y que cese la estigmatización por parte de las instituciones contra los campesinos cocaleros.

La Corte Constitucional decidió estudiar estas acciones al considerar que tenían gran importancia institucional y el análisis está en manos de los magistrados Antonio Lizarazo, Cristina Pardo y José Fernando Reyes.

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Una de las consideraciones que deberán tener en cuenta los magistrados es que, según los campesinos del Catatumbo, hay 17.000 familias que se acogieron a los programas de sustitución en el 2017. Sin embargo, solo un poco más de mil han recibido las ayudas económicas para dejar los cultivos.

“En 2017 fueron más de 17.235 familiar las que accedieron a erradicar los cultivos ilegales. Sin embargo, solamente 1.035 de ellas recibieron los pagos prometidos en el Plan de Atención Inmediata (PAI) con el que se debería acompañar el proceso de sustitución, pese a que se ha constatado un cumplimiento del 95% de los compromisos de uno resiembra por las familias firmantes. Hay mas de 30.000 solicitantes pendientes de sustitución voluntaria que el Gobierno ha dejado de celebrar”, dice una de las tutelas.

La tutela del Cauca, cuenta con denuncias de las veredas Aguabonita, del municipio de Suárez; El Vergel, de Caloto; Cacahual, en Cajibío; Remanso, en Villanueva y La Esmeralda de Piamonte. De acuerdo con los campesinos, militares habrían entrado sin autorización e iniciaron la erradicación forzada de cultivos, pese a que los campesinos manifestaron su voluntad de sustituir voluntariamente las plantas de coca por siembras legales y advirtieron que habían firmado acuerdos individuales o el acuerdo colectivo de sustitución en la región.

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En el caso de la tutela interpuesta por las organizaciones de Nariño, se denuncia que miembros de la Fuerza Pública detuvieron a dos campesinos, quemaron viviendas y atacaron a los cultivadores que trabajaban en las veredas Chamba y Casa Vieja, del municipio de Ancuya, pese a que en este se firmó un acuerdo colectivo en 2017 para iniciar el proceso de sustitución voluntaria.

Organizaciones como Dejusticia, advierten a la Corte que “priorizar la erradicación forzada a través de operativos que son violentos, supone no sólo un incumplimiento del Acuerdo de Final de Paz, sino una violación al deber constitucional del cumplimiento de buena fe... A pesar de que existen acuerdos de sustitución y que existe voluntad por parte del campesinado, no se ha avanzado en esa política”.

La decisión que tome la jurisprudencia será trascendental para la eventual implementación de glifosato en diferentes regiones de Colombia.

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