En 2017, Argemiro Méndez Hernández, en ese entonces rector del colegio Inem Jorge Isaacs de Cali, recibió el premio Nacional Compartir al Maestro por una estrategia a la que llamó ‘La escuela de la paz’. Con la iniciativa buscaba ayudar a los alumnos a diseñar su proyecto de vida para acceder a la universidad.

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“La base es motivar a los estudiantes y hacer que se sientan bien tratados, amados y respetados”, escribió Argemiro. Lo llamaron el ‘rector ilustre’.

Apenas un año después, un juez lo envió a la cárcel Villahermosa. La Fiscalía le imputó cargos como presunto responsable del delito de explotación sexual con persona menor de 18 años. Él no aceptó esos cargos.

La investigación comenzó en agosto de 2017, tras una denuncia interpuesta por un padre de familia, quien aseguró que Méndez Hernández le pagaba dinero a su hija de 15 años, y a otra compañera de estudio, “para que fueran a su casa, donde las manipulaba en sus partes íntimas además de presuntamente accederlas carnalmente”. A Argemiro lo capturaron en el barrio El Diamante.

Hace unos días, el viernes 4 de febrero de 2022, la Personería lo sancionó en primera instancia con una inhabilidad de 12 años “por explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, siendo víctima una de las alumnas que cursaba estudios en la mencionada Institución”. La Personería – que se encarga de investigar a los docentes del sector público - recordó que la explotación sexual comercial es un delito que se encuentra tipificado en el artículo 217A de la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano. Méndez Hernández, de nuevo, apeló esa decisión.

Aquel es apenas uno de los cientos de casos de presuntos abusos sexuales en colegios tanto públicos como privados que se habrían cometido en los años recientes en Cali.

En enero pasado, un profesor de informática fue enviado a la cárcel por al parecer abusar sexualmente a una niña de 8 años. Según el juez de control de garantías, el docente, que trabajaba en un colegio femenino, habría abusado en tres ocasiones de la menor.

El Comité Municipal de Convivencia Escolar, Comce, de la Secretaría de Educación, reportó 101 presuntos abusos sexuales, 13 presuntos acosos sexuales y un caso de explotación sexual en los colegios públicos de Cali durante el año 2021, datos que parecieran espejo de lo que sucede en el resto del país.

Esta semana, en Bogotá, exalumnas del exclusivo colegio Marymount, fundado por las religiosas del Sagrado Corazón de María, denunciaron al profesor de educación física, Mauricio Zambrano, por presuntamente abusarlas sexualmente. Al profesor lo llamaron ‘depredador’, pues al parecer llevaba varios años acosando a las estudiantes.

“El profesor me besó y tuvo comportamientos inapropiados en las instalaciones del colegio y en mi carro. Me silenciaba haciéndome sentir culpable, me advertía que si decía algo, lo iban a meter a la cárcel o me le iba a tirar la vida”, dijo Laura Giraldo, una de las víctimas, en una entrevista con Noticias Caracol. El miedo que le causa el victimario a la víctima para que no denuncie con la amenaza de que “me va a tirar la vida”, genera que el abuso se prolongue.

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María José, también exalumna del colegio Marymount, aseguró que el profesor Zambrano les preguntaba a las estudiantes por las tallas de sus brasieres, o sobre si se les marcaba o no los calzones en la ropa de ejercicio.

A esas denuncias se sumó la de una madre, quien señaló que una profesora que dictaba clases en un colegio religioso de Bogotá tuvo relaciones sexuales con su hijo, un menor de edad. En los comentarios de las redes sociales sobre la noticia se evidenció otra problemática: la cultura machista de Colombia les indica a los niños que siempre deben decir sí ante el acoso o las insinuaciones sexuales de una mujer. No se les ha enseñado a decir no, a poner un límite, o a alertar si eso sucede.

Entre los expertos en educación hay un consenso: en este difícil regreso a clases presenciales tras dos años de pandemia del nuevo coronavirus, los planteles educativos tendrán que priorizar lo emocional y las habilidades de convivencia y socialización sobre lo académico. E insistir en lo que aún sigue siendo tabú en los salones de clase, la educación sexual.

Carolina Piñeros es la directora ejecutiva de Red PaPaz, una corporación sin ánimo de lucro que nació en 2003 como una red de padres de familia que busca proteger los derechos de los niños en Colombia y América Latina, y que opera la línea de reporte Te Protejo, donde se denuncian casos de bullying o abuso y acoso sexual escolar.

En 2021 en Te Protejo se registraron 90 reportes de violencia sexual en entornos familiares; 8 casos de explotación sexual comercial; 4 casos de tráfico con propósitos sexuales y se detectaron 23.885 páginas web en las que se confirmó la presencia de material de explotación sexual de niños y adolescentes.

Tras su experiencia en Red PaPaz, una de las recomendaciones que hace Carolina para prevenir estos casos de abuso sexual en los niños y adolescentes es no olvidar un dato histórico: la mayoría de los abusos son cometidos por personas muy cercanas a la familia: un profesor, el entrenador de deporte, un tío, un primo, incluso los padres.

Una de las razones del por qué aún no se ha conjurado la problemática al punto que las víctimas en los colegios se cuentan por cientos es lo que sucede a diario: a pesar de que en Colombia existen leyes que castigan el abuso y se ha diseñado una ruta de atención a las víctimas (Ley 1620 de 2013) en la práctica no se aplica.

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— Y así los colegios tengan los manuales de convivencia y conozcan las rutas de atención, tienen que pasar más cosas. En Bogotá solo la Secretaría de Integración Social les exige a las personas que trabajan en los jardines infantiles entrenamiento en prevención del abuso sexual. Y eso debería suceder en todos los colegios. Debe haber una cuidadosa selección del personal. Otro aspecto que hemos detectado en RedPaPaz es que muchas veces no se denuncia por miedo reputacional. Le pasa a la Iglesia y le pasa a los colegios. Y lo que hay que entender es que el abuso ocurre hasta en las mejores familias. Un colegio que diga “aquí no pasa nada”, ni siquiera agresiones tipo 1, que son verbales, está mintiendo. El abuso y acoso sexual ocurre en todas partes y es importante reportarlo – dice Carolina.

El gobierno nacional acaba de lanzar un protocolo que obliga a los colegios a denunciar los abusos. Actuar ante la primera alerta evita lo que sucedió presuntamente en el Marymount de Bogotá: que un depredador haga de las suyas durante años. Y se le debe creer a quien tiene la valentía de manifestar que está siendo abusado. No es fácil que un niño o un adolescente se anime a denunciar algo así. Si lo hace, debe tener la garantía de que quien lo escuche no lo va a juzgar, no lo va a regañar, no le va a echar la culpa de lo que pasó. La responsabilidad de los abusos sexuales siempre es del agresor, así tenga la habilidad de hacerle creer a la víctima que la culpa es suya.

— Debemos volver normal hablar del abuso sexual con los niños. Decirles que nadie puede tocarles sus partes íntimas, o que si un adulto lo hace y les pide que guarden el secreto, como sucede en estos casos, que cuenten lo que les pasó. Si un niño no tiene información y capacitación sobre el acoso y el abuso sexual, lo estamos dejando en una mayor vulnerabilidad. Por otra parte se debe desnormalizar el acoso. Estamos en una cultura donde es normal ese asedio a las niñas o a los niños, los piropos, las miradas sugestivas, y eso no es normal y mucho menos con menores – añade Carolina.

Claudia Sánchez Salamanca es psicóloga Clínica de la Universidad Javeriana e integrante del Grupo Opciones, especializado en la investigación de la violencia sexual en Colombia. Esta semana ofreció una conferencia sobre cómo prevenir el abuso a raíz de las denuncias en Bogotá, y mencionó un dato aterrador: cada año, Medicina Legal realiza 26.158 exámenes sexológicos, es decir los que determinan si una persona fue víctima de una violación. Eso traduce un promedio de 72 exámenes al día. Claudia advirtió que hay un subregistro. Se desconoce la cantidad de víctimas que no llegan a Medicina Legal para hacerse un examen después de un abuso sexual. Quizá el dato oficial se podría multiplicar por diez para acercarse a la cifra real.

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