A los capos de las bandas en el Valle de Aburrá los dejaron con los crespos hechos esta semana. El Gobierno Nacional les había prometido la instalación de una mesa de diálogo para el miércoles 18 de enero en la cárcel de máxima de seguridad de Itagüí, pero esta semana se cayó sin mayor explicación. Algunos creen que se debe a los fracasos del Alto Comisionado para la Paz con sus intentos fallidos para que la Fiscalía levante órdenes de captura de criminales, otros que se debe a la improvisación.

Lo cierto es que, en todo este camino, ya algunos combos del Valle de Aburrá le tienen propuestas al Gobierno Nacional para sentarse a negociar. Desde ya estarían dispuestos a clausurar algunas plazas de vicio, sobre todo las que están cerca de colegios, bibliotecas y parques concurridos. La iniciativa viene de algunos capos que están en la cárcel.

Por ejemplo, el clan de Pachelly que tiene hegemonía en algunos barrios de Bello y según inteligencia militar, en otros municipios del área metropolitana y el norte de Antioquia quiere insistir en la política de acogimiento a la justicia, muy en contravía de la ley de sometimiento que aplicaría el Gobierno.

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En dicho acogimiento, los capos del narco y la criminalidad que hoy están en la cárcel buscarían que se conozca lo que ellos llaman su “verdad” y con base en ella sean juzgados por un “tribunal” integrado por actores de la comunidad, académicos y el aparato de justicia. En palabras del ministro del Interior, Alfonso Prada —cuando habló del cese al fuego bilateral del presidente Petro, se trata de una propuesta audaz, casi quimérica.

Lo que muchos se preguntan es cuánto están dispuestos a entregar los capos más allá de cerrar pequeñas plazas de vicio. El tema del narcotráfico es todavía un tabú en las conversaciones y hablar de la Oficina una entelequia que en realidad le da nombre a decenas de combos que delinquen en el Valle de Aburrá es referirse a toda el negocio ilícito que atraviesa a Medellín y su área metropolitana: extorsiones, paga diario, contrabando, empresas lavadero que ahora son prósperas y hasta pagan impuestos. ¿Quien dimensiona los alcances de las empresas criminales en Medellín y Colombia?

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Ahora bien, hombres capturados y condenados como José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; y Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert, estarían pensando en postularse como gestores de paz, lo que les permitiría salir temporalmente de las cárceles a tareas específicas, como en otro tiempo lo hicieron exguerrilleros como Elda Neyis Mosquera, alias Karina. Quien tiene esa diligencia bastante adelantada es Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, excomandante del Bloque Central Bolívar de la AUC.

Pero más allá de esa “voluntad de paz” que hay desde las cárceles, y para la que muchos son críticos porque los capos estarían buscando librarse de la cárcel como si fueran un grupo con origen político, las bandas del Valle de Aburrá están atomizadas.

En época de campaña, los enviados del Pacto Histórico como el abogado Daniel Prado que llegó a defender en algún momento a Gustavo Petro— encontraron que la junta que lidera la criminalidad en Medellín estaba unida bajo los mismos preceptos de paz, todos detrás del acogimiento, incluso eso movió a cientos de muchachos de barrios de Bello y las comunas nororiental y noroccidental a votar por “el cambio”.

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El problema es que ahora todo cambió, dicen algunos, por las peleas entre abogados que quieren lograr mejores ventajas para sus diferentes clientes. “Ahora al Gobierno le tocaría negociar con cada banda aparte”, dice una fuente. Esto pondrá mucho más complicados los acercamientos. Hasta ahora se sabe de volutad de La Terraza, Los Chatas, Pachelly, Caicedo, Los Pesebreros y algunos combos de Robledo, sin embargo, no tienen nada acordado entre ellas, por lo que la negociación podría hacer agua.

Quizá uno de los episodios que mejor muestra lo que está pasando con las bandas en Medellín fue lo sucedido la primera semana de enero en Robledo, donde dos facciones de Los Pesebreros anunciaron un pacto, hecho que fue desmentido por uno de los supuestos protagonistas del pacto que está en la cárcel: Julián Jiménez Monsalve, alias Machete. Mientras los herederos del crimen —los que no están en la cárcel y comandan los delitos en la calle— no se dicen si negociar o no, desde las prisiones hay un llamado a montarse en el avión que el Gobierno les está ofreciendo.

El Colombiano ha podido tener información de cómo en Bello se están haciendo trabajos comunitarios en un programa llamado Ecopaz, del Movimiento Sinergia —voceros de paz de Pachelly, donde se capacita en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

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