Comienza a esclarecerse la forma en la que funcionará el cese bilateral al fuego que anunció el presidente Gustavo Petro, con cinco grupos armados que comenzó a regir el pasado primero de enero, el cual irá hasta el 30 de junio de 2023.

Los grupos con los que acordó el Gobierno Nacional son el Ejército de Liberación Nacional (Eln), la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y las Autodefensas de la Sierra Nevada.

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El ministro del Interior, Alfonso Prada, expresó que el anuncio del cese bilateral fue acordado con los grupos armados que, desde hace meses, habían expresado su voluntad al Gobierno.

“Todos estos decretos están precedidos de declaraciones unilaterales, de cese unilateral al fuego o de la voluntad expresa de vincularse a los procesos de paz, a conversaciones directas que ha tenido la oficina del alto comisionado para la Paz con las organizaciones, de tal manera que se ha venido cocinando lentamente”, informó Prada en entrevista con Caracol Radio.

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Según el ministro Prada, el cese contempla que los grupos armados no podrán ejecutar acciones ofensivas en contra de la Fuerza Pública y la población civil en general, y tendrá veeduría de la Comisión de Verificación y Monitoreo.

“El cese al fuego va a tener una Comisión de Verificación y Monitoreo en la que participan no solo organizaciones internacionales, sino debe estar vinculado el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, naturalmente con los voceros de organizaciones con las cuales estamos declarando el cese”, explicó Prada.

El proceso también lo acompañará la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El ministro además manifestó que al Gobierno le parece de gran importancia la participación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA) y de la iglesia católica.
“Este cese al fuego se origina fundamentalmente en un clamor (…) un clamor desesperado a esas organizaciones para que aceptaran el ingreso a la paz total y eso es lo que lleva al presidente a tomar esa decisión audaz, arriesgada, dura, en la que estamos poniendo una puesta muy fuerte”, explicó Prada.

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Y reiteró: “Tiene que haber una actitud humanitaria de respeto a la vida, ese es exactamente y así lo mencionan expresamente los decretos del cese bilateral. Lo que esperamos es que las situaciones de enfrentamiento, incluso de enfrentamientos entre ellos mismos”.

El Gobierno explicó que el cese bilateral no significaba que la Fuerza Pública no pudiera hacer patrullajes y vigilancia en el territorio nacional, las acciones continuarán realizándose. También estará presente en el proceso la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep), creada en el acuerdo de paz entre el Gobierno y las antiguas Farc y que le hará verificación al cese.

“Las Fuerzas Armadas colombianas mantienen la totalidad de las funciones de la justicia colombiana, los alcaldes, todas las instituciones mantienen, aquí no hay zonas vedadas para las Fuerzas Armadas, si por un río va un cargamento de droga ahí habrá una interceptación y habrá presencia de las Fuerzas Armadas y de Policía”, explicó Prada.

El funcionario fue enfático en asegurar que el cese bilateral no era una licencia que otorgaba el Gobierno a los grupos armados para delinquir o traficar drogas libremente, por eso la Fuerza Pública podrá actuar ante cualquier acto delictivo cometido por alguno de los grupos armados incluido en el cese.

“No quiero anticiparme negativamente, pero habrá una Comisión de Verificación muy fuerte con acompañamiento internacional y territorial, con la presencia de las dos partes que estamos haciendo el cese bilateral. Haremos cortes, la idea es que mínimo cada dos meses hagamos tres grandes cortes para que tengamos mucha información los colombianos de cómo evoluciona el tema”, explicó Prada.

El Gobierno dará a conocer los seis decretos que reglamentarán el cese bilateral: cinco decretos corresponden al acuerdo con cada grupo armado y uno que explicará las funciones de la Comisión de Verificación.

Cada documento especificará qué tipo de grupo armado representan y los acercamientos que tendrán las dos partes, si será un acercamiento político, como con el Eln, o si será de sometimiento a la justicia y desmantelamiento. El ministro explicó que habrá voceros de cada uno de los grupos armados:

“Habrá un comité específico para cada uno de los grupos conformado por gente de ellos que van a ser naturalmente habilitados por el Gobierno Nacional para que puedan participar en el territorio en la verificación”.
Frente a la liberación de líderes de los grupos o personas acusadas de delitos graves, el ministro manifestó que esa decisión se haría desde la Consejería para la Paz, pero las condiciones las definiría el presidente Petro como lo faculta la ley 2272 de 2022.

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