Los departamentos de Atlántico, Quindío, Boyacá, Tolima, Sucre y Bolívar, además de ciudades como Bogotá, Riohacha, Montería, Neiva, Sincelejo, entre otras 36 entidades territoriales fueron requeridas por la Procuraduría General de la Nación para que aclaren la información sobre PAE y se efectúen los ajustes a los que haya lugar.

En total son 29 municipios y siete departamentos del país para que revisen y ajusten la información reportada en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública-CHIP que, en algunos casos, presentan anomalías en el registro de los días de atención contratados, asignación de recursos versus porcentaje de compromisos asumidos con dichos recursos y adiciones en contratos por más del 50 %.

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Según la Procuraduría, “el reporte de la información debe ser confiable, veraz, oportuno y preciso y que el no envío de información conforme a los plazos, condiciones y formatos indicados por el Gobierno nacional y el haber remitido o entregado información incompleta o errónea, puede constituir un riesgo para la prestación adecuada de los servicios financiados con recursos del Sistema General de Participaciones”.

Además se solicitó que las entidades territoriales responsables registren “la información de manera acertada pues esta es fundamental para monitorear y lograr el seguimiento, evaluación y control de la destinación de recursos del PAE, así como para la implementación de soluciones de política pública orientadas a garantizar el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios”.
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