El acuerdo de paz, como su nombre lo indica, fue el pacto realizado en la Habana, en 2016 entre el Gobierno y las Farc con la finalidad de llegar a la paz en Colombia. Sin embargo, para los grupos indígenas, la paz fue lo que menos llegó a sus pueblos y las cifras de víctimas de la violencia siguen aumentando.

Según los datos presentados por el observatorio de derechos humanos de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), 2022 se convirtió en el peor año para los grupos indígenas en Colombia, llegando a la cifra de 453.018 indígenas afectados.

“Los hechos dan cuenta de su recrudecimiento [de la violencia], así como de la profunda crisis humanitaria en que se encuentran nuestros Pueblos Indígenas. La persistencia del conflicto armado interno, incluyendo el resurgimiento de grupos armados en Colombia después de la firma de los acuerdos, con sus múltiples intereses de control sobre el territorio y las rentas derivadas del narcotráfico y la extracción de recursos naturales, se ha convertido en una constante en el diario vivir en los territorios ancestrales”, expresa.

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En comparación a los años anteriores, la cifra de 2002 es alarmante, pasando de 13.696 indígenas afectados en 2018, 39.120 en 2019, 16.134 en 2020, 19.931 en 2021 y 453.018 indígenas afectados en 2022, considerado como el peor año.

Según cifras de la ONIC, se recrudeció tanto la violencia contra los indígenas en el año 2022 en Colombia que, solo contando la cifra del 1 al 31 de diciembre, fueron 10.370 indígenas afectados, siendo Chocó el departamento con más afectaciones (6.021) seguido por Nariño (3.809) y Antioquia (502).

Sobre las afectaciones que tuvieron los indígenas en el 2022, los reportes indican que 433.580 indígenas sufrieron de confinamiento, 8.183 sufrieron de desplazamiento forzado, 7.711 por hostigamiento y 3.544 por otras afectaciones como homicidios, reclutamiento, abandono estatal, secuestro, entre otros.

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En lo que respecta a las zonas de Colombia con mayores afectaciones para los indígenas, se encuentra la zona norte, con 240.240 afectaciones. Según la ONIC, la presencia de grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, el Frente 18 de las FARC-EP y los Caparrós y el ELN han aumentado estas cifras.

La segunda zona con más número de víctimas son el Occidente, con 205.419 víctimas en el 2022 debido a que “producto del actuar desmedido e injustificado de grupos armados al interior de los territorios ancestrales; los cuales se han servido de prácticas de terror, perpetrando masacres, amenazas, homicidios selectivos, incursiones y ataques indiscriminados, forzando al confinamiento o desplazamiento de los comuneros y comuneras”.

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Le siguen la zona de la Orinoquia con 3.964 víctimas, la Amazonia con 1.745 y finalmente centro – oriente con 1.650 indígenas afectados.

De acuerdo al informe de la ONIC, de 115 pueblos indígenas autoreconocidos en Colombia, 50 fueron objeto de vulneraciones a sus derechos humanos.

El pueblo Zenú es el más afectado con 238.010 víctimas, principalmente por el confinamiento; seguido por la Nación Emberá con 148.703 víctimas, el pueblo Awa con 12.465 víctimas expuestos a confinamientos, desplazamiento masivo y hostigamientos; y finalmente otros pueblos indígenas con 53.840 víctimas.

“Ninguna medida a funcionado": Onic.

Tras la presentación de este informe, Organización Nacional Indígena de Colombia expresa que ninguna de las medidas ha funcionado, y, por tanto, hacen un llamado de urgencia sobre la situación que se vive actualmente en los grupos indígenas.

“Hacemos un llamado de urgencia para que el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 contemple la necesidad de incluir la construcción de una política pública integral para la población indígena de fronteras; esto es, adoptar mecanismos idóneos para el otorgamiento de la binacionalidad de esta población”.

Igualmente, expresan que es esencial reconocer y respetar su identidad de Pueblos indígenas nómadas y seminómadas, insistiendo además en la necesidad de “expedir un certificado extraordinario en el que se dé fe de la nacionalidad, sea dado por el Estado colombiano o por las autoridades tradicionales de la comunidad indígena, en manifestación de Gobierno Propio, autodeterminación y autonomía de los Pueblos Indígenas”.

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