Los medios de comunicación registran por estos días candentes debates en varias ciudades del país relacionados con la conservación del patrimonio histórico, cultural o arquitectónico, y Norte de Santander no es la excepción, como lo vimos recientemente con el inmueble ubicado en la esquina suroriental de la avenida quinta con calle doce. No cabe duda que fue la llamada nueva Constitución la que reabrió el debate sobre la obligación de conservar dicho patrimonio al consagrar una serie de normas que apuntan a ello, señalando al Estado la obligación de preservarlo. Muchas veces son los particulares quienes, con esfuerzo y detrimento de su peculio, financian ediciones para dejar constancia o registro de bienes de interés artístico que son patrimonio de una ciudad, como lo hizo en 2006 el padre Edwin Avendaño Guevara con su libro “Monumentos, esculturas, bustos, medallones placas conmemorativas de San José de Cúcuta”, y lo hizo en un momento oportuno porque muchas de esas obras ya desaparecieron.

Otras veces son las entidades privadas o los gobiernos quienes exigen que algunos inmuebles por su antigüedad o arquitectura no sea demolido, pero tampoco hacen una propuesta de compensación por la parálisis a que los someten, ni proponen o implementan incentivos, como lo hace el Distrito de Barranquilla al eximir de pago de predial a los inmuebles que tengan esa condición, siempre y cuando les mantengan esas características de patrimonio, y para ello los propietarios y poseedores de inmuebles se asociaron en una corporación para preservar los barrios El Prado y Alto Prado, y poder negociar monolíticamente con la administración. La Ley 397 de 1997 estableció como principio fundamental que los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales apropiaran recursos para la conservación y la recuperación del patrimonio cultural.

En otras ocasiones la disputa es con el ministerio de Cultura, cuando existe de por medio declaratoria de Bien de Interés Cultural –BIC- y, generalmente el pulso es con pesos pesados, como sucedió en Bogotá con la casa de Carlos Pérez Norzagaray, cuñado de Julio Mario Santo Domingo, que teniendo declaratoria de BIC fue demolida, siendo que fue catalogada de estrato uno, para ayudarle al pobrecito; o la casa paterna del mismo Julio Mario, en Barranquilla, que estando en la misma condición fue vendida a Carrefour, quien hizo jugosa oferta, la demolió y construyó el centro comercial.

Esta es una pelea de nunca acabar y en la literatura encontramos posiciones encontradas. Es el caso, por ejemplo, de don Tomás Rueda Vargas, quien en 1919 suplicaba: “Restaurad los viejos caserones coloniales que se desploman injuriados por el olvido;…”; y en su novela El rumor del astracán, ambientada en la Bogotá de los años 30, del siglo XX, Azriel Bibliowicz describe el paseo de Ruth y David por la Av. La República –Carrera Séptima entre la Jiménez y la 26-, y cuando David ve a Ruth contemplar las modernas residencias de la calle 21, comenta: “Deberían acabar con todas estas casuchas y balcones desvencijados y reemplazarlos por casas modernas para que la ciudad progrese”.