Pocos temas generan tal interés y discusión en estos días, como aquellos que se refieren al proyecto de reforma tributaria, que en estos momentos está siendo discutida en el Congreso de la República. El objetivo principal de este proyecto de ley, de acuerdo con el texto presentado por el Gobierno, es la “generación de empleo y reducción de la desigualdad”. Sin embargo, a pesar de lo encomiable que pueda resultar lograr este objetivo, aún persisten dudas y preocupaciones en relación con algunos de los medios que se han escogido para lograrlo.

Merece particular estudio la eventual desaparición de los aportes parafiscales que por largo tiempo han financiado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entre otros. Estos aportes, que han venido en aumento en los últimos años, son contribuciones que por ley deben realizar los empleadores por cada uno de los trabajadores formales que laboren para ellos. Con estos recursos, se ha incrementado la cobertura del ICBF y se ha financiado la ampliación de los programas ofrecidos por el SENA.

En el proyecto de reforma se sustituyen estos aportes parafiscales por un nuevo impuesto que se denominará “Impuesto sobre la renta para la equidad”, y que se calculará también sobre la renta, y será adicional al impuesto de renta que actualmente conocemos. Y es precisamente esa recaracterización –de contribución a impuesto- donde radica la preocupación, de acuerdo con el texto aprobado en sesiones conjuntas de Cámara y Senado, que fue donde hicieron la voltereta. De manera que la CREE - Contribución Empresarial para la Equidad-, como la llamó el gobierno en su proyecto, ya no puede llevar esa denominación, porque ahora es impuesto. Aun así, el impuesto quedó como CREE.   

El sistema fiscal colombiano prevé que todo recurso que reciba el Estado, a título de impuesto, entrará a formar parte de una unidad cuya administración estará a cargo del Gobierno y no de las entidades a quienes está dirigido. De esta manera, el Gobierno entrará a disponer de los recursos que anteriormente recibían directamente el ICBF y el SENA por concepto de aportes parafiscales. Así las cosas, con la implementación de este nuevo impuesto, habrá un intermediario entre el ICBF y el SENA, y los recursos que necesitan para el mejor cumplimiento de su operación, que es el Gobierno. Es decir, los recursos que el ICBF y el SENA necesitan, pueden estar condicionados a trámites y demoras burocráticas que antes no existían, y a la voluntad y las necesidades particulares del gobierno de turno, y eso es fatal.

Por todo ello se puede estar arriesgando el crecimiento de los niveles de cobertura y de servicio que tanto el ICBF como el SENA han venido mostrando, y que son importantes para la sociedad en general, por el afán de incrementar los niveles de formalidad. Formalidad que, probablemente, no se materialice con este tipo de medidas.